Propiedad-Intelectual-factor-de-desarrollo-económico-y-beneficio-social

Por: Carlos Baños Urquijo
Presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de la AMIIF

La experiencia internacional ha demostrado que existe una relación directa entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y la innovación, así como entre la innovación y el crecimiento económico, lo cual se traduce finalmente en beneficios sociales.

Estudios globales establecen que los países que trabajan en el fortalecimiento de su marco de protección a estos derechos han obtenido como resultado una mayor transferencia de tecnología, un mayor desarrollo de innovación a nivel local y un más acelerado crecimiento en el flujo de inversión extranjera directa.

Por ejemplo, un análisis realizado en 2004 por el Banco Mundial, asocia un incremento de 20% en el número de patentes otorgadas a una nación con 3.8 puntos porcentuales de crecimiento económico anual.

La OCDE por otro lado, demostró en un estudio de 2010, que un incremento de 1% en el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual se relaciona con un aumento de 2.8% en la inversión extranjera directa y con un incremento de 0.7% en la inversión doméstica en investigación y desarrollo, beneficios que, aunque no se midieron durante este análisis en la industria farmacéutica, con seguridad están presentes en este sector, donde las empresas invierten hasta 20% de sus ventas en la investigación y desarrollo de nuevos productos.

Es palpable también que las industrias basadas en derechos de propiedad industrial, como las que desarrollan medicamentos, aviones, helicópteros, automóviles, computadoras, software, equipo médico, químicos o electrónicos, reciben 3.7 veces más inversión extranjera directa que el sector de manufactura en su conjunto.

Por ello es que las empresas inmersas en una dinámica de innovación registran el doble de ventas por empleado que las industrias no basadas en derechos de propiedad intelectual; pero, sobre todo, generan fuentes de trabajo más especializadas y mejor remuneradas, lo cual se introduce ya en el terreno de los beneficios tangibles para la población.

En este último campo, el del beneficio social, debemos analizar nuevamente el modelo del sector farmacéutico, donde se invierten cantidades superiores a los mil millones de dólares para tratar de poner a disposición de los pacientes una alternativa de salud que ofrezca mejoras en calidad de vida.

De cada 30 moléculas en investigación y tras más de una década de estudios clínicos, tan sólo una de éstas en promedio llega a materializarse como medicamento en el mercado, con el objetivo de ofrecer una optimización a las terapias ya existentes o, en múltiples ocasiones, una respuesta a enfermedades para las que no había alternativa de tratamiento.

La innovación en la industria farmacéutica ha revolucionado el campo de la medicina y se mantiene como esperanza para resolver los grandes problemas de salud de la humanidad, entre los cuales se incluyen padecimientos como la Diabetes o el Alzheimer; este último tan complejo que se encuentra aún sin alternativas de tratamiento a pesar de tener casi 30 años bajo investigación clínica.

La esperanza de contar con alternativas para esos grandes retos se sustenta en la existencia de esas leyes que protegen los derechos de propiedad intelectual y promueven la inversión en la investigación de nuevas terapias; ya que, para las empresas del sector, el desarrollo de un medicamento, además de largo y costoso, es riesgoso.

En México, ha sido extenso el camino para obtener esa protección promotora de la inversión en salud, desde la publicación de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, que contempló la patentabilidad de los medicamentos; pasando por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), en 1994, y la ratificación del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS por sus siglas en inglés), hasta la actual negociación del TPP.

El llamado Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) es precisamente una alianza que, más allá de establecer la reducción de aranceles y cuotas entre los países participantes, contempla temas trascendentales como la protección a los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor, patentes, protección de datos, marcas y secretos industriales).

Lo anterior significa amplias posibilidades de crecimiento económico para los doce países firmantes, resultado principalmente de los beneficios ya mencionados en este artículo, como la transferencia de tecnología y el incremento en la inversión extranjera directa.

El TPP es en definitiva una oportunidad de desarrollo, por lo que la industria de innovación farmacéutica ha manifestado tres objetivos que el país debe buscar en la negociación: (1) impulsar la innovación a través del fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial; (2) permitir la protección adecuada de los datos clínicos, y (3) armonizar los estándares de respeto de las patentes.

Tales posturas garantizarían tanto un incremento en la inversión dirigida al rubro farmacéutico como la consecuente aparición de alternativas de salud de gran alcance, cuya complejidad de investigación y desarrollo requiere estímulos independientes a los que ofrecen los 20 años improrrogables de una patente (cabe destacar que el periodo de una patente empieza a contabilizarse desde que se descubre la sustancia activa; es decir, incluso antes de iniciar los estudios).

Asimismo, la consecución de estos objetivos representa la oportunidad para que se investiguen y desarrollen mejoras o segundos usos de los fármacos presentes ya en el mercado, pues la figura de protección de datos otorga exclusividad de estos estudios a las empresas nacionales o internacionales que inviertan en ellos, sin evitar que la molécula en cuestión se mantenga en el dominio público y esté a disposición, en su forma original, de cualquier firma interesada en comercializarla o, en el mejor de los casos, investigarla.

En suma, las autoridades, en colaboración con la industria, han buscado fortalecer en la última década los mecanismos de propiedad intelectual, los cuales se encuentran cada vez más cercanos a los que se manejan en los países desarrollados, en donde la llamada protección de datos aplica hasta por 12 años para los estudios de medicamentos biotecnológicos.

Al mismo tiempo, se ha generalizado en México el uso de medicamentos genéricos, lo cual ha demostrado que fomentar la innovación no limita el acceso de los ciudadanos a contar con más alternativas terapéuticas, sino que fortalece el sistema de salud al poner a disposición de médicos y pacientes las más eficaces, seguras, recientes y diversas alternativas farmacéuticas.

Recordemos que, a mayor protección de propiedad intelectual, mayores serán los beneficios generados por las industrias basadas en este concepto, y que una protección robusta de estos derechos es un requisito esencial para que haya innovación y, por consecuencia, desarrollo económico y social.